Comunicado da Federación Española de Planificación Familiar en relación a posible derogación da lei de saude sexual e reproductiva

Con el objetivo de reducir el número de interrupciones inducidas del embarazo

COMUNICADO ANTE LA POSIBILIDAD DE DEROGACIÓN DE LA LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INCREMENTO A LAS BARRERAS DE ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) y sus asociaciones miembros se oponen de manera rotunda a la idea de volver a una ley del aborto basada en supuestos y similar a la de 1985, ya que esto supone:

Para la sociedad:

1.       Aumenta la inequidad económica entre aquellas que siempre van a poder costearse una interrupción y otras ciudadanas a las que se les va a dificultar el acceso por motivos económicos.

2.       La no promoción de elementos esenciales de la actual Ley como la educación sexual y el acceso a anticoncepción. Las leyes más restrictivas no están vinculadas con ninguna reducción de los abortos; la planificación familiar sí[1].

3.        Una medida que está en contra del sentir de la mayoría y prioriza la opinión de unos pocos, basada en consideraciones morales y no en afirmaciones científicas[2].

4.       El enriquecimiento y aparición de mafias dedicadas al aborto clandestino con el consecuente aumento de riesgos para la salud pública.

5.       Alejarnos del marco jurídico predominante en la Unión Europea  (tan sólo Irlanda y Polonia tendrían legislaciones más restrictivas que la española).

Para la mujer:

6.       Una vulneración de sus derechos al negarle su capacidad de decidir sobre su maternidad y cuerpo, y delegar su autoridad sobre un tutor o perito que decidiría por ellas.

7.        Situaciones de inseguridad jurídica ya que la penalización del aborto de nuevo lleva a que cualquiera que se acoja a un supuesto de despenalización pueda ser posteriormente cuestionada y encausada.

8.       Alarga y dificulta el proceso favoreciendo el aborto tardío y el aborto clandestino, con grave peligro para la salud de la mujer.

9.       Incremento del sufrimiento y padecimiento psicológico que acompañan al embarazo no deseado.

Para los profesionales:

10.   Inseguridad jurídica ya que puede cuestionarse el acogimiento a un supuesto despenalizador e iniciarse juicios contra el/la profesional.

Para el no nacido:

11.   Menos consideración de su protección como bien jurídico[3] ya que, no pudiéndose establecer el límite temporal en el supuesto de riesgo en la salud de la madre, no respeta los tiempos relacionados con la viabilidad fetal que sí son considerados y delimitados con la actual ley.

Por todo ello consideramos que las medidas que se pretenden tomar son inadecuadas y solicitamos:

La aplicación total de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010; especialmente, la inserción de la educación sexual en la escuela primaria y secundaria, y la garantía del acceso universal a métodos anticonceptivos. Dos elementos que, tal y como demuestran los datos científicos disponibles y a diferencia de las leyes restrictivas del aborto, reducen el número de interrupciones inducidas del embarazo.